Las compras que realiza el
Estado deben maximizar el valor del dinero del contribuyente en las
contrataciones que realicen las Entidades del Sector Público, de manera que
éstas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y
calidad, a través del cumplimiento de los principios como: el desarrollo
humano, moralidad, libre competencia, imparcialidad, razonabilidad, eficiencia,
publicidad, transparencia y economía, trato justo e igualitario.
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